El SAT ya está notificando órdenes de visita domiciliaria conforme al artículo 49 Bis del Código Fiscal de la Federación, lo que representa un nuevo y relevante escenario de fiscalización para las empresas.

Este procedimiento permite a la autoridad verificar si los CFDI emitidos por un contribuyente amparan operaciones existentes, verdaderas y debidamente acreditadas, así como actos jurídicos reales. No se trata de una revisión fiscal ordinaria: desde la entrega o notificación de la orden, la autoridad puede ordenar la suspensión de la emisión de comprobantes fiscales, comprometiendo de manera inmediata la facturación, la cobranza, el flujo de efectivo, la relación con clientes y la continuidad operativa de la empresa.

El riesgo no comienza con la resolución final, sino desde el primer documento que recibe el contribuyente. Por ello, la defensa fiscal debe iniciar desde la notificación.

¿Qué pretende verificar el SAT?

El artículo 29-A, fracción IX, del Código Fiscal de la Federación establece que los CFDI deben amparar operaciones existentes, verdaderas o actos jurídicos reales. Cuando la autoridad presume que este requisito no se cumple, puede iniciar la visita especial prevista en el artículo 49 Bis.

Durante el procedimiento, el SAT puede cuestionar, entre otros aspectos:

• La existencia real de los bienes o servicios facturados.
• La capacidad material, humana y técnica del contribuyente.
• La correspondencia entre los CFDI y la actividad económica registrada.
• La ubicación y funcionamiento efectivo del domicilio fiscal.
• La existencia de oficinas, bodegas, maquinaria, mercancías o personal.
• La trazabilidad de los pagos y movimientos bancarios.
• La participación real de proveedores, clientes y terceros.
• La congruencia entre contratos, facturas, entregables y registros contables.
• La existencia de evidencia documental y operativa que respalde cada operación.

En otras palabras, no basta con que un CFDI esté timbrado y registrado en la contabilidad. La empresa debe estar en condiciones de demostrar que la operación ocurrió en la realidad y que existe evidencia suficiente para reconstruirla.

La suspensión de la facturación puede ser inmediata

Uno de los aspectos más graves de este procedimiento es que la suspensión de la emisión de CFDI puede ordenarse desde la entrega o notificación de la orden de visita y mantenerse hasta que la autoridad emita su resolución.

Para una empresa, dejar de facturar puede significar:

• Imposibilidad de cobrar operaciones.
• Retraso o pérdida de pagos.
• Incumplimiento de contratos.
• Afectación en la relación con clientes.
• Problemas de liquidez.
• Suspensión de entregas o servicios.
• Pérdida de confianza comercial.
• Riesgos laborales, financieros y operativos.

Por ello, la defensa no debe limitarse a responder jurídicamente. También es necesario valorar desde el primer momento el impacto contable, comercial y operativo que la visita puede provocar.

¿Dónde puede practicarse la visita?

La autoridad puede presentarse en el domicilio fiscal, establecimientos, sucursales, oficinas, locales, bodegas, almacenes o en el lugar donde se realicen las actividades o se presten los servicios amparados por los CFDI.

Los visitadores pueden iniciar la toma de fotografías, grabaciones de audio o video para documentar las condiciones del lugar, las actividades desarrolladas, el personal presente, los bienes localizados y cualquier otro elemento relacionado con las operaciones revisadas.

Esto significa que el personal que atienda la diligencia debe saber cómo actuar. Una manifestación imprecisa, la entrega desordenada de documentación o una contradicción entre los trabajadores puede ser asentada en el acta y utilizada posteriormente por la autoridad.

Impedir o desatender la visita puede agravar el problema

Si el domicilio señalado no existe, no corresponde al contribuyente, nadie atiende a los visitadores o se impide la práctica de la diligencia, la autoridad debe levantar un acta circunstanciada.

Posteriormente podrá notificar la orden por buzón tributario o por estrados y acudir nuevamente. Si el impedimento continúa, la autoridad puede emitir una resolución que determine que el contribuyente expide comprobantes fiscales falsos.

Por ello, no es recomendable ignorar la visita, negar el acceso sin una estrategia jurídica o improvisar una respuesta. La diligencia debe atenderse con acompañamiento fiscal especializado y dejando constancia de cualquier irregularidad cometida por la autoridad.

Solo existen cinco días hábiles para defenderse

Durante la diligencia o dentro de los cinco días hábiles siguientes, el contribuyente puede presentar pruebas y manifestar lo que a su derecho convenga para desvirtuar la presunción de falsedad de los CFDI.

Este plazo es extremadamente breve. Además, la documentación no debe presentarse de manera aislada o desorganizada. El propio artículo 49 Bis exige que cada prueba se identifique y se relacione claramente con el hecho u observación que se pretende desvirtuar.

No basta con entregar carpetas llenas de documentos. Es necesario explicar:

• Qué operación se está acreditando.
• Qué CFDI se encuentra relacionado.
• Quiénes participaron.
• Cuándo y dónde se realizó.
• Cómo se pagó.
• Qué bienes fueron entregados o qué servicios se prestaron.
• Qué documento acredita cada etapa.
• Cómo se relacionan entre sí las pruebas ofrecidas.

Una defensa sólida debe permitir que la autoridad comprenda la trazabilidad completa de la operación.

¿Qué documentos pueden ayudar a demostrar las operaciones?

La documentación dependerá del giro y de la operación revisada, pero generalmente puede incluir:

• Contratos y convenios.
• Cotizaciones y propuestas comerciales.
• Órdenes de compra o de servicio.
• CFDI emitidos y recibidos.
• Complementos de pago.
• Estados de cuenta y transferencias bancarias.
• Pólizas y auxiliares contables.
• Correos electrónicos y comunicaciones.
• Informes, entregables y reportes.
• Fotografías, videos y bitácoras.
• Inventarios y controles de almacén.
• Entradas y salidas de mercancía.
• Pedimentos, cartas porte y documentos de transporte.
• Evidencia del personal que realizó los trabajos.
• Recibos de nómina y contratos laborales.
• Licencias, permisos, maquinaria e infraestructura.
• Acuses de recepción o conformidad del cliente.
• Documentación de proveedores y subcontratistas.

La estrategia correcta no consiste únicamente en acreditar el pago. Un depósito bancario puede demostrar que existió un movimiento de dinero, pero no necesariamente prueba por sí mismo que el bien fue entregado o que el servicio se prestó.

El procedimiento puede concluir en solo 24 días hábiles

Después de que termine el plazo de cinco días para ofrecer pruebas, la autoridad cuenta con quince días hábiles para emitir y notificar su resolución. El procedimiento completo debe concluir, como máximo, dentro de 24 días hábiles.

La autoridad puede resolver:

Que el contribuyente desvirtuó la presunción.
En este supuesto, se deja sin efectos la suspensión para emitir CFDI.

Que el contribuyente no desvirtuó la presunción.
Los CFDI se consideran falsos con efectos generales y las operaciones que contienen no producen ni produjeron efectos fiscales.

Esto confirma que no existe margen para postergar decisiones. Cada día debe utilizarse para revisar la orden, analizar los CFDI observados, integrar pruebas y construir la defensa.

Las consecuencias pueden extenderse a clientes y proveedores

Si la resolución es desfavorable, el nombre y RFC del contribuyente pueden publicarse en el portal del SAT y en el Diario Oficial de la Federación.

Los terceros que hayan utilizado los CFDI deberán revertir sus efectos fiscales mediante declaraciones complementarias dentro de los treinta días naturales siguientes a la publicación. Si no corrigen su situación, la autoridad puede restringir temporalmente sus certificados de sello digital.

El problema, por tanto, no se limita al emisor. También puede afectar a:

• Clientes que dedujeron las operaciones.
• Empresas que acreditaron IVA.
• Proveedores relacionados.
• Socios comerciales.
• Grupos empresariales.
• Instituciones financieras.
• Contratantes públicos o privados.

Además del riesgo fiscal, una resolución desfavorable puede generar cancelación de contratos, reclamaciones comerciales, pérdida de clientes y afectaciones reputacionales.

El Código Fiscal también contempla que la Secretaría de Hacienda proceda penalmente respecto de actividades relacionadas con comprobantes fiscales falsos, conforme al artículo 113 Bis.

¿Cómo puede ayudarte PAAE?

En Profesionales Asociados en Asesorías Especiales, S.C., contamos con más de 25 años de experiencia en materia fiscal, contable y legal.

Nuestro equipo puede apoyarte desde la recepción de la orden y durante cada etapa del procedimiento mediante:

• Revisión inmediata de la orden de visita.
• Análisis de la fundamentación, motivación y competencia de la autoridad.
• Verificación del cumplimiento de las formalidades de la diligencia.
• Acompañamiento durante la visita domiciliaria.
• Preparación del personal que atenderá a los visitadores.
• Revisión de las actas y hechos asentados.
• Identificación de irregularidades cometidas durante la visita.
• Integración del expediente de materialidad y trazabilidad.
• Conciliación entre CFDI, contratos, bancos y contabilidad.
• Preparación de pruebas, manifestaciones y argumentos jurídicos.
• Presentación de la respuesta dentro del plazo de cinco días hábiles.
• Evaluación de los medios de defensa procedentes.
• Asesoría para prevenir afectaciones a clientes y operaciones futuras.

Nuestro enfoque combina el análisis jurídico con la revisión contable y documental. El objetivo es estructurar una defensa integral que no se limite a presentar documentos, sino que explique y demuestre técnicamente la realidad de las operaciones.

No enfrentes una visita del SAT sin asesoría especializada

Una respuesta incompleta, improvisada o presentada fuera de plazo puede comprometer la facturación, el flujo de efectivo y la continuidad de la empresa.

Si recibiste una orden de visita domiciliaria conforme al artículo 49 Bis del Código Fiscal de la Federación, contacta inmediatamente a PAAE.

Revisaremos tu caso, identificaremos los riesgos y diseñaremos una estrategia de atención y defensa conforme a las circunstancias particulares de tu empresa.